lunes, 21 de mayo de 2012

Ciudadanos Libres Unidos considera que las fusiones de las cajas de ahorros han sido un error grave



Ciudadanos Libres Unidos considera que las fusiones de las cajas de ahorros han sido un error grave, algo así como una última medida del gobierno para camuflar los efectos negativos de una gestión desacertada de la economía, de la crisis y del sistema financiero.

El problema no es tanto el tamaño de las entidades, un argumento que siempre se esgrima para justificar que de 45 entidades al final quedan 15 o incluso menos, sino el funcionamiento mismo de las cajas.

Antiguamente, las cajas de ahorros estaban pensadas para ofrecer servicios bancarios a los ciudadanos de las clases humildes o de clase media, sin grandes patrimonios, de facilitarles la obtención de préstamos, de fomentar el ahorro con rentabilidades aceptables y de mejorar de esta forma las condiciones de vida de una gran parte de la población. Eran entidades de cercanía, con una clara función social, de ámbito municipal y provincial. Y sus beneficios tenían que revertir, necesariamente, en seguir cumpliendo con su carácter benéfico.

Sin duda alguna, el primer error fue permitir a las cajas de ahorros expandirse más allá de sus límites geográficos originales, y así entraron en competencia entre sí entidades con las mismas características que antaño prestaban servicios coordinados a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La competencia no es mala si sirve para diversificar la oferta y obligar a prestar mejores servicios. Pero, en realidad, las cajas se convirtieron en instrumentos del poder político, a la vez que comenzaron a hacerse la competencia en unos servicios que sólo manteniendo su carácter particular y la limitación geográfica de las entidades podían competir con la banca comercial.

Otro error fue entregar su control a los gobiernos de turno del lugar de su sede social, algo que implica dos problemas: Las entidades no son dirigidas siguiendo criterios profesionales y financieros, sino siguiendo criterios de interés político. Además, su expansión por toda España es contradictoria con que siguieran siendo feudos de los organismos gubernamentales de sus respectivas sedes sociales, es decir, los políticos gobernantes de una comunidad autónoma o de unos ayuntamientos concretos llegaron a controlar a una macrocaja que actuaba en toda España. Si se parte del principio de la legitimidad del control político sobre las cajas en función de su ámbito de actuación, si se establece fuera de su ámbito original no se entiende muy bien que un político andaluz decida sobre la política comercial en Castilla, o uno catalán sobre la que se aplica en Andalucía, etc.

Al margen de este sistema, que con el tiempo evolucionó hacia el exceso que conocemos, porque cuando las cajas de ahorros tenían un ámbito municipal o provincial claramente delimitado nunca daban tanto que hablar, ha sido un error que las cajas se dejaran en manos de los políticos. Tampoco en su origen las cajas eran una iniciativa política, sino más bien de beneficencia, y las entidades que las dirigían al principio no tenían ninguna vinculación con el poder político, sino a veces eran de la Iglesia Católica, otras de empresarios comprometidos socialmente, y así existen orígenes diversos y curiosos que no se deberían haber abandonado del todo. Por lo tanto se plantea la pregunta de ¿cómo se llegó a la situación de que fueran las autonomías y los ayuntamientos quienes tomaron el control de las cajas?

Esta situación ha llevado a que las cajas concedieran financiación sin control durante los tiempos de bonanza, y a los gobiernos interesaba que la economía creciera animando al consumo y a la compra de casas. Pero lo peor quizás hayan sido las inversiones no rentables como en el caso de algunos aeropuertos como él de Ciudad Real, o de muchos edificios de la Ciudad de la Ciencia de Valencia que hoy apenas tienen un uso acorde con su nombre, al igual que otros proyectos faraónicos que pesan realmente mucho más en las cuentas al suponer una pérdida total, ya que son grandes proyectos sin retorno alguno. Por el otro lado, todos conocemos los abusos de las cajas de ahorros en materia de comisiones, que superan a veces las de los bancos comerciales y son totalmente contrarias a las finalidades de las cajas.

Nos venden las fusiones (y la subsiguiente pérdida de oferta y competencia) como la panacea, cuando se ve que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Tradicionalmente, en toda economía libre de mercado con un sistema de protección social, cuando una empresa o un banco entraba en situación de quiebra, se liquidaba dicha entidad, y así la carga era básicamente de los socios o accionistas de ésta, que con la compra de participaciones sociales asumen su responsabilidad (responder con sus aportaciones de capital) en caso de quiebra. Y para salvaguardar los intereses de los depositantes existe el fondo de garantía, que cubre al menos a los depósitos de los menos pudientes. Proceder a una liquidación controlada, que se puede hacer, es mucho mejor que cargar a toda la sociedad el coste de la salvación de entidades de la bancarrota. Esto haría, además, que sus gestores actuaran con más diligencia para no comprometer la continuidad del banco o de la caja, y para aumentar aún más esa seriedad en la gestión haría falta también establecer responsabilidades penales o civiles de los gestores irresponsables.

Al imponer las fusiones de cajas y entidades bancarias se ha destruido riqueza, empleo y variedad de oferta, la expansión de las cajas de ahorros, que las convirtió en entidades que se hacen la competencia en el ámbito nacional, ha desvirtuado su finalidad y les ha hecho perder su carácter de cercanía al ciudadano corriente. Las cajas realmente sólo pueden competir con los bancos en su ámbito original, pero al trabajar a gran escala han perdido su razón de ser y sólo han sido instrumentos de poder de los políticos regionales.

Como solución alternativa a las fusiones, que sólo parecen servir para maquillar balances y pérdidas, Cilus propone convertir a las cajas de ahorros en bancos cooperativos como existen en Alemania y Austria. Los bancos cooperativos nacieron de forma similar a las cajas de ahorros y montes de piedad (que también existen en Alemania y Austria, pero donde continúan limitadas a sus ámbitos municipales o territoriales. Los bancos cooperativos ideados por Raiffeisen y los bancos populares (>bancos del pueblo para el pueblo) han sabido sortear bastante bien la crisis. Funcionan como cooperativas de clientes, es decir, cada cliente adquiere como mínimo una participación y como máximo de 17 a 50, dependiendo de la entidad, cada participación cuesta unos 50 euros. El capital social es, por tanto, de los clientes-cooperativistas, y éstos eligen a sus directivos, que suelen ser profesionales del sector financiero. Por las participaciones se pagan dividendos (alrededor del 6% anual) y casi siempre las cuentas no tienen comisiones de mantenimiento ni de transferencia. Nunca se ha oído que los bancos populares y de Raiffeisen hayan estado involucrados en asuntos políticos. Además, fomentan a los autónomos, las pymes y al pequeño ahorrador, a la vez que ofrecen servicios bancarios completos. Pero en España a nadie parece habérsele ocurrido copiar este sistema.

Cilus considera que las fusiones no son la solución y que nunca lo han sido, sólo crean macroentidades que al final son difíciles de controlar. Más bien debe replantearse todo el sistema bancario y de cajas de ahorros, y sobre todo en las cajas haría falta algo completamente nuevo, recuperando la esencia de las cajas, pero volviendo a tenerlas como cajas provinciales interconectadas para dar un mejor servicio, sin grandes consejos de administración, sin indemnizaciones millonarias para los altos directivos por su mala gestión y sin políticos y sindicalistas que cobren elevadísimos sueldos de consejero sin ejercer control alguno sobre las entidades.

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